Los últimos años representan sin duda los más violentos de nuestra historia contemporánea. El Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus bienes. Desde hace varios años grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos ajenos al Estado. La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. La violencia es un problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e incluyen la falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez de combatirla. La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policiales.

El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su concepción. El ministerio público ha dejado de ser garante de un sistema penal, los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los centros de reclusión no buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino sólo mantenerlos alejados de ella, con la amenaza permanente de que al regresar, serán nuevamente un peligro para su comunidad.

El combate a las organizaciones de delincuencia organizada incluirá una nueva política relativa a las drogas, en
términos de reducción de daños y riesgos, acompañada con un mayor uso de la inteligencia para la desarticulación de dichas organizaciones y esquemas de cooperación y coordinación internacional bajo el principio de responsabilidad compartida.

Para ir de frente contra la inseguridad en el Estado propongo:

-Diseñar e implementar una política de seguridad ciudadana de carácter integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a la cultura de la paz, a vivir en paz, y en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

-Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión.

-Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.

-Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para abatir los delitos.

-Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.

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